Estuvo preso seis meses por violencia de género, recuperó la libertad y contó su verdad  

Lisandro Aquino fue acusado de lesiones leves hacia su ex. “En una sociedad donde muchas veces la sospecha queda, es necesario contar la historia completa”, subrayó. Interviene el Juzgado de Instrucción Tres San Vicente

“Nunca imaginé que mi nombre estaría asociado a una causa penal, a una celda, a la pérdida de mi libertad. Y mucho menos, que todo eso pudiera nacer de una denuncia imprecisa, exagerada, o directamente falsa”, reflexionó Lisandro Aquino (48), profesor de biología acusado de lesiones leves en perjuicio de su ex pareja.

El hecho fue denunciado el pasado 2 de junio por Cintia Florencia S. ante la Comisaría de la Mujer de San Vicente. Aquino permaneció seis meses detenido por disposición del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo de Gerardo Casco.

La semana pasada recuperó la libertad y se contactó con este medio para contar su versión de los hechos e insistió en su inocencia.

Lamentó que la denuncia y su posterior detención hicieron que perdiera su trabajo, sus bienes materiales y se viera afectada su salud.

En tanto, remarcó que “si la justicia ordenó mi libertad, no fue un favor, no fue un privilegio, fue una decisión luego de analizar el caso, las pruebas y el tiempo transcurrido. Y eso importa decirlo, porque en una sociedad donde muchas veces la sospecha queda y la absolución no se escucha, es necesario contar la historia completa”.

En su denuncia, la presunta víctima indicó que convivieron cinco años y no tuvieron hijos. El 1 de junio ella viajó a la ciudad de Wanda para ver a su hijo, fruto de una relación anterior.

Contó hacía poco había retomado el vínculo con Aquino, y que el día del hecho le manifestó que quería volver a Wanda para estar más cerca de su hijo.

En ese punto, a lo largo del proceso ambos reconocieron que discutieron; pero mientras ella dijo que el hombre la agredió, él mencionó que se defendió del ataque de ella.

La denuncia

Cintia Florencia S. declaró que cuando mencionó su intención de volver a la ciudad de Wanda, el imputado la empujó y le dio una cachetada. En ese contexto, ella empezó a gritar, abrió la puerta del departamento para salir y fue auxiliada por un vecino.

En su defensa, Aquino testificó que la mujer tiene un diagnóstico psiquiátrico y por ello le quitaron la custodia de su hijo, por lo cual el menor reside en Wanda.

Incluso, citó que tiempo atrás contrató los servicios de un abogado particular para asistirla en la intención de recuperar la tenencia del chico, pero el jovencito no quiso volver con ella.

Sobre el día del hecho, mencionó que volvió de Wanda muy alterada, tomó ansiolíticos, lo insultó y agredió físicamente. Él la empujó para defenderse, aseguró, al tiempo que ella gritaba que la quería matar.

En un momento la mujer salió afuera del departamento y se acercaron vecinos, a quienes les dijo que Aquino la había atacado.  

“Ella es bipolar. Es una excelente persona, pero cuando le llega el bajón por el hijo se transforma en otra persona. Volví con ella porque creí que estaba bien, pero no es así”, remarcó en sede judicial.

“Un tiempo que nadie devuelve”

En diálogo con este diario, Lisandro Aquino mencionó que los hechos que derivaron en su detención comenzaron a partir de una denuncia realizada en el marco de una “relación conflictiva, atravesada por discusiones, consumo problemático de sustancias y una convivencia inestable”.

En ese contexto, manifestó que se realizó una denuncia policial que “no reflejó de manera fiel ni completa lo ocurrido, pero que fue suficiente para activar un proceso penal y privarme de la libertad”.

Posteriormente se fueron produciendo distintas medidas judiciales, declaraciones y pericias, y se fueron incorporando elementos que demostraron que la situación era mucho más compleja, como el diagnóstico y antecedentes de la denunciante.

“Estuve privado de mi libertad durante varios meses, desde comienzos de junio hasta que se dispuso mi liberación. Ese tiempo no fue solo encierro físico. Fue pérdida de trabajo, de ingresos, de estabilidad, de vínculos y de tranquilidad familiar. Un tiempo que nadie devuelve y cuyas consecuencias permanecen mucho después de salir en libertad”, reflexionó.

Mientras continuará con el proceso en libertad, Aquino espera retomar sus actividades previas.

“Ojalá todo esto no me perjudique a la hora de volver a trabajar y rehacer mi vida. No lo digo solo por mí, sino por todos los que estuvieron encerrados conmigo”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en las adicciones. una cuestión que atraviesa muchos expedientes penales.

“El consumo de drogas destruye vidas, rompe vínculos, distorsiona realidades y genera situaciones de altísimo riesgo. No es un tema menor ni ajeno a estos procesos. Es una alerta que como sociedad no podemos seguir ignorando”, apuntó.

Condena social y pruebas reales

Lisandro Aquino también destacó el compromiso y la tarea de su abogado particular, Gabriel Rivero Dubil, quien a su vez hizo un aporte sobre el expediente.

Mencionó que a lo largo del proceso “surgieron elementos objetivos que descartaron la existencia de un riesgo real”, al tiempo que “se pusieron en evidencia contradicciones, exageraciones y omisiones relevantes en el relato inicial”.

En tal sentido, subrayó que no existe prueba que defina a su cliente como violento, por lo que “su nombre no puede quedar asociado a una etiqueta construida a partir de una denuncia no corroborada por los hechos”.

“Como defensor, vi de primera mano el daño que una detención preventiva injustificada genera. Pérdida de trabajo, deterioro de la salud, destrucción del entorno familiar y una marca social que muchas veces persiste, incluso después de recuperada la libertad. Por eso, resulta indispensable que la sociedad conozca también cuando la prueba no confirma el relato inicial, y cuando la justicia comienza a reparar, aunque tarde, ese daño”, remarcó.

Con la debida reserva que merecen este tipo de evaluaciones, vale mencionar que en el expediente se incorporó una pericia psicológica sobre la denunciante, cuyo contenido también fue ponderado por la justicia.

Al respecto, Rivero Dubil opinó que dicho informe “permitió advertir indicadores relevantes vinculados a inestabilidad emocional, conflictividad en los vínculos y dificultades para el manejo de situaciones de tensión”, aspectos importantes para analizar la denuncia.

“Ojalá este caso sirva para recordar que, en un estado de derecho, la presunción de inocencia no es una formalidad, es una garantía esencial. Y ningún ciudadano debería ser condenado socialmente antes de que la verdad sea analizada con seriedad, equilibrio y pruebas reales”, agregó.

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