Inédito: una docente intrusó una propiedad de su ex suegra en Campo Viera
Una docente se metió en una propiedad de su ex suegra y la denunció por violencia psicológica. Para los abogados de la dueña del lugar, se trata de “un intento de utilizar mecanismos legales para la protección de víctimas como una herramienta para sostener una ocupación indebida”
Hasta el pasado fin de semana, una pareja residía en la casa de la madre del hombre, en la localidad de Campo Viera. En tanto, por denuncias cruzadas, ambos se retiraron voluntariamente de la propiedad; pero hoy, aprovechando que tenía llaves, la mujer ingresó al lugar y se niega retirarse.
Se trata de la docente Ana P., quien trabaja en la Escuela 184 de Oberá. Previamente a tomar la casa de la madre de su ex, radicó una denuncia por presunta violencia psicológica, solicitando incluso la exclusión del hogar de la propia dueña del lugar.
Para los abogados que patrocinan a la propietaria, Miriam Yung, el accionar de la docente “configura un intento de utilizar mecanismos legales para la protección de víctimas como una herramienta para sostener una ocupación indebida, lo cual es un absurdo jurídico total, ya que no hay convivencia, no hay vínculo familiar directo, y sin embargo se pretende excluir a la titular de su propia propiedad”.
En ese contexto, consideraron que la implicada concretó “una maniobra deliberada para apropiarse del lugar”, cuya propietaria cuenta con el título.
Trasciende lo privado
Explicaron que oportunamente, Yung le cedió el uso del inmueble a su hijo, Rodrigo M., para un taller mecánico. En el lugar también funciona desde hace años un lavadero a cargo de Néstor M.
En tanto, Ana P. mantenía una relación de pareja con el primero y se alojaba de manera ocasional en el lugar, alternando su residencia en Oberá. Pero el fin de semana, la pareja cruzó denuncias y se retiraron del lugar.
Lejos de resolverse el conflicto, hoy la docente volvió al inmueble y se niega a irse, al tiempo que radicó una denuncia que los letrados calificaron como “una maniobra para desplazarla de su propia vivienda mediante denuncias por violencia familiar”.
“Personalmente, entiendo que también genera una alerta institucional. El caso trasciende el conflicto privado y abre un fuerte interrogante sobre los mecanismos de control en el ámbito educativo”, indicaron.
En ese sentido, anticiparon la presentación de pedidos formales ante el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación de Misiones, a fin de que se evalúe la aptitud psicológica de la docente involucrada, considerando la responsabilidad que implica estar frente a alumnos menores de edad.
Asimismo, si la citada no abandona la propiedad iniciarán las acciones civiles correspondientes.
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