La grabaron ofreciendo bebés por plata, pero sigue trabajando en el Hospital de Oberá: una historia de asquerosa impunidad
“Porque si querés un bebé, te digo, tenés que contar con 30 mil pesos… pero te lo llevás”, aseguró Mirta García años atrás en una cámara oculta que se difundió por la tv nacional. Si bien las autoridades de gobierno de entonces quisieron echarla del Hospital de Oberá, la implicada se vio beneficiada por fallos judiciales y la tutela sindical de UPCN. Además, acomodó a toda su familia en Salud Pública. Una historia de asquerosa impunidad
Mirta García se mueve por los pasillos del Hospital Samic de Oberá como pez en el agua. Camina tranquila, sonriente y con absoluta impunidad. Años atrás fue protagonista de un escándalo nacional cuando la grabaron en cámara oculta del programa Documentos América, del mismo canal, ofreciendo bebés por 30 mil pesos.
Parecía que era el fin de la técnica radióloga García en la función pública, pero sucesivos amparos judiciales burlaron la decisión política de echarla.
La apartaron un par de veces, pero siempre volvió y actualmente no sólo sigue en el cargo, sino que es delegada sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Precisamente, la famosa tutela sindical le sirvió de amparo para resistir en el puesto. Y no sólo eso, en los últimos años acomodó a su pareja, tres hijos y un yerno en el Hospital.
Muchos de sus actuales compañeros desconocen ese nefasto capítulo de la historia de García. En cambio, padecen sus constantes presiones y caprichos, siempre chapeando con sus contactos “arriba”.
“Hace poco le informé que me iba a desafiliar del gremio en desacuerdo por ciertos manejos y me amenazó con hacer caer mi contrato”, comentó un trabajador del Samic.
Informe y denuncia penal
El informe de América, titulado “La fábrica de bebés”, estuvo a cargo del periodista Facundo Pastor y se emitió en marzo de 2009.
“Porque si querés un bebé, te digo, tenés que contar con 30 mil pesos… pero te lo llevás”, aseguró Mirta García en cámara oculta, entre otros detalles que pusieron al descubierto los engranajes de una verdadera mafia local. Además, se jactó de las ganancias que obtenía.
El programa alertó a las autoridades y la entonces diputada provincial, Sandra Montiel, radicó una denuncia penal contra dos funcionarias públicas por supuesta instigación al delito de “supresión de identidad”, ya que además de García, también se vio implicada la empleada municipal Nilda Gómez.
La técnica radióloga logró sortear sucesivas sanciones impuestas por las autoridades de Salud Pública y mantuvo su puesto.
En tanto, por la gravedad de la acusación y la contundencia de la prueba, el sumario administrativo siguió su curso y, en octubre del 2015, el entonces gobernador Maurice Closs firmó un decreto declarando cesante a la agente.
Entre los considerandos de la medida, se mencionó que la investigación determinó que García incurrió en varias faltas graves, como “haber solicitado dinero para comercialización y adopción de bebés”.
El Decreto 1226, del 2 de octubre del 2015, lleva la firma de Closs y del entonces ministro de Salud Pública, Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador y actual presidente de la legislatura provincial.
Quedó en la nada
Pero a principios de 2016 la cuestionada funcionaria se vio beneficiada con un recurso de amparo y retomó su puesto laboral.
La resolución de la Justicia contradijo las directivas emanadas por parte de las autoridades del Ejecutivo provincial de entonces a partir de la extensa investigación administrativa.
El decreto de cesantía de la radióloga García, decía: “En su calidad de agente de la administración pública provincial, conforme surge del programa Fábrica de Bebés de América TV, haber expuesto la imagen pública y prestigio de la institución, haber utilizado información y las instalaciones del hospital, haber solicitado dinero para comercialización y adopción de bebés, no haber observado una conducta digna, correcta y decorosa como agente público”.
El dictamen de la asesora jurídica de la Dirección General de Sumarios, consideró que “se halla debidamente acreditado y que la conducta de la agente García configura una grave violación al deber impuesto a los agentes públicos de observar en el servicio y fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con la jerarquía y función”.
Por ello, el Artículo 1 dice: “Declárese cesante a partir de la fecha del siguiente decreto a la agente provincial Mirta Cristina García”.
La acción penal entablada oportunamente por Sandra Montiel fue acompañada por Stella Marís Leverberg y se tramitó a través del expediente N° 461/09, a cargo del fiscal de Instrucción Uno de Oberá, Elías Bys.
“Instigación al delito de supresión de identidad”
Gracias al citado informe de América se dio a conocer el funcionamiento de una red dedicada a la venta de bebés (como se conoce a la intermediación rentada), involucrando a la radióloga y a una empleada municipal.
“En el informe de América claramente aparecen dos personas intermediarias, que son Mirta García y Nilda Gómez, quienes plantean que con su gestión se puede garantizar que el niño llegue a manos de los adoptantes”, señaló entonces Sandra Montiel.
Para la ex legisladora existió “una instigación al delito de supresión de identidad cuando una de las mujeres le plantea a la madre adoptiva la posibilidad de inscribir al niño a nombre del falso padre”.
“Con esto se niega la identidad del padre biológico y se está instigando al delito de supresión de identidad, que sí está penado y tipificado por el Código Penal”, subrayó.
En aquella ocasión, Montiel indicó que un importante estudio jurídico local que se vio involucrado en el citado informe habría realizado una presentación judicial para frenar parte del mismo.
Además, deslizó duras críticas hacia los profesionales del derecho implicados en este tipo de transacciones. “El eslabón más fuerte de este tráfico son los estudios jurídicos de Oberá”, aseguró entonces.
En los años posteriores salieron a la luz varias denuncias más por venta de bebés en Oberá. Mientras tanto, Mirta García camina a sus anchas por el Hospital.
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