El Gobierno de Misiones entre el dilema de reprimir o apostar al desgaste del reclamo policial
Esta tarde, el Gobierno de Misiones confirmó que realizó una denuncia penal por robo y hurto calificado, sedición e incitación a la violencia e interrupción de comunicaciones y transportes, entre otros delitos, contra policías que participan del reclamo por un incremento salarial y cortan la avenida Uruguay de Posadas, frente al Comando Radioeléctrico I.
De esta forma, las autoridades encabezadas por el gobernador Hugo Passalacqua redoblaron la apuesta y se muestran intransigentes ante lo que consideran un hecho delictivo.
El primer inconveniente práctico será identificar a los policías responsables de tales ilícitos, ya que se trata de una movilización de autoconvocados, quienes a su vez se muestran muy unidos en su lucha.
En ese contexto, más allá del ofrecimiento salarial que se dará a conocer el lunes, las posturas parecen lejos de propiciar el acercamiento y el conflicto podría dilatarse.
En tanto, a pesar de la orden de desalojo del juez Ricardo Balor, lo cierto es que parece improbable que se ejecute por las consecuencias que podría ocasionar, ya que los policías no parecen dispuestos a ceder un metro en el acampe y ello desencadenaría un enfrentamiento que seguramente incluiría el derramamiento de sangre.
Lo sabe el Gobierno, el juez y Gendarmería. Porque una cosa es tratar de correr con la vaina a 20 docentes, y otra a 2000 policías. La ecuación da un resultado con tumbas.
Por eso, hoy las autoridades están entre el dilema de reprimir o apostar al desgaste del reclamo, porque hay que aguantar a la intemperie con este frío, las presiones y amenazas que se ciernen.
Pero a priori, la movida policial aparece fortalecida, puesto que se vienen sumando docentes, personal de salud, judiciales y otros estatales.
Mientras tanto la Nación observa con atención el conflicto en Misiones, que según como avance podría servir de ejemplo en otras provincias. Es que sabe, el que no llora no mama.
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