El guardiacárcel Eduardo Coito fue condenado por abuso sexual de dos nenas en Oberá

Eduardo Iván Coito aceptó la culpa en juicio abreviado y fue sentenciado a cuatro años de cumplimiento efectivo por el abuso de dos hijastras. Años antes había sido sobreseído por el mismo delito en perjuicio de tres niñas. “Me parece un chiste que le hayan dado sólo cuatro años”, opinó su ex mujer y madre de las víctimas

El 30 de noviembre de 2019, el entonces sargento del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Eduardo Iván Coito -hoy de 44 años-, fue denunciado por abuso sexual en perjuicio de las hijas de su esposa, quienes entonces tenían 11 y 9 años. Años antes había sido sobreseído por el mismo delito.

Ya en 2019, en primera instancia, el acusado escapó y permaneció 52 días en condición de prófugo. En tanto, al presentarse, el juzgado interviniente le concedió la eximición de prisión.

Comenzó entonces un largo proceso judicial, dilatado por las restricciones de la pandemia de coronavirus y los planteos de la defensa. Así, el imputado no pasó un solo día preso, a pesar de la gravedad de la denuncia en su contra.

Tuvieron que pasar más de seis años, hasta que el pasado 4 de diciembre, Coito aceptó su culpabilidad en juicio abreviado y evitó la exposición de un debate público.

Finalmente, el 22 de este mes el Tribunal Penal Uno de Oberá homologó el acuerdo con la fiscalía y avaló la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “abuso sexual simple (sin acceso carnal), calificado por aprovechamiento de la convivencia preexistente con menores de 18 años”.

Ese mismo día, el ex sargento fue traslado a la cárcel de Cerro Azul, donde quedó alojado en un pabellón especial para ex integrantes de las fuerzas de seguridad.

Ante la consulta periodística, la madre de las víctimas aseguró que se enteró de la condena por este medio.

“La verdad, después de que estuvo prófugo por 52 días y le dieron la eximición, yo había perdido todas las esperanzas de que vaya preso. Por eso, no puedo creer aún. Y a la vez, me parece un chiste que le hayan dado sólo cuatro años. Pero al menos va a pagar”, opinó.

“Mi papi me abusa”

La mujer -que tiene una hija del ahora condenado y cuya identidad se reserva para proteger a las víctimas- estaba casada con el ex sargento del SPP. Luego de la denuncia de noviembre de 2019 y mientras Coito estuvo prófugo, la progenitora y las víctimas contaron con custodia policial permanente.

Según el expediente, los abusos comenzaron a mediados de 2016, cuando la señora trabajaba y dejaba a su marido a cargo de las menores.

Los hechos salieron a la luz cuando la nena que entonces tenía 11 años se acercó a su mamá y le preguntó “cómo una nena puede saber si fue abusada”, lo que inmediatamente alertó a la madre.

Así comenzó a indagar, la pequeña rompió en llanto y le contó el secreto que venía guardando desde que tenía 8 años, tal como indicó. Incluso, aseguró que ese mismo día su padrastro la manoseó en dos oportunidades y la obligó a tocar sus partes íntimas.

Luego de que su hija mayor le contará los sucesos, la mujer también indagó a la niña de 9 años, la que relató que atravesó por situaciones calcadas a las que mencionó su hermana.

Ambas habrían coincidido en que los abusos se iniciaron en circunstancias en que la mujer salía a trabajar y quedaban al cuidado del penitenciario, cuando estaba de franco.

Pero tiempo después la progenitora dejó de trabajar afuera y los abusos cesaron por un tiempo, aunque luego se habrían intensificado.

Evidentemente, la situación se tornó insoportable para la nena más grande y esa noche se acercó a su mamá que miraba televisión y le contó su calvario. Comenzó a llorar y aseguró: “Mi papi me abusa”, respecto al accionar de Coito.

La mujer se dirigió al dormitorio donde su marido ya descansaba y reprochó por su accionar, aunque él negó todo y se retiró del domicilio. Luego se emitió una orden de captura y estuvo prófugo durante 52 días.

Tenía antecedentes

Tras la denuncia del 30 de noviembre 2019, Coito no se presentó a su trabajo en la Unidad Penal II de Oberá, por lo que el SPP ordenó su pase a situación de disponibilidad, en paralelo a la instrucción penal.

Inmediatamente el caso cobró relevancia por los antecedentes que pesaban sobre el penitenciario, quien años atrás ya había sido denunciado de abuso sexual simple en perjuicio de tres nenas que eran amigas de su hijo, fruto de una relación anterior.

El primer hecho fue denunciado el 2 de julio del 2010 ante la Comisaría de la Mujer de Oberá. Un hombre de 30 años manifestó que su hija le contó que el padre de su compañerito la manoseó varias veces.

Entrevistada por una psicóloga, la niña relató que los abusos ocurrían cuando visitaba a su amiguito, circunstancia en que Coito aprovechaba para tocar sus partes íntimas.
Los toqueteos se habrían repetido de la misma manera cuando las familias se encontraron en una pileta pública.

Además de la presentación del citado padre, se sumó una segunda denuncia de la mamá de otras niñas de 10 y 11 años, también amigas del hijo del implicado. Las niñas manifestaron que los abusos ocurrían cuando ellas concurrían a la casa de su vecino. 

“La justicia nos defraudó”

Tras la denuncia de su propia esposa, en 2019, este medio entrevistó a la pareja que en junio de 2010 lo acusó de abuso en perjuicio de su hija de 9 años.

“Primero, cuando me enteré de que lo volvieron a denunciar, lloré mucho. Fue una como descarga de tantos sentimientos acumulados. Y después les reenvié la noticia varios vecinos que estos años dudaron de las nenas”, reflexionó la madre.

Ante la gravedad de las acusaciones -ya que se sumó la denuncia de la madre de otras dos nenas-, el sargento fue detenido y puesto en disponibilidad por las autoridades del SPP.

En realidad, quedó alojado en dependencias de la Unidad Penal II, donde prestaba servicios. Dos meses después logró la excarcelación y regresó al mismo barrio, donde a diario se cruzaba con sus víctimas. 

Finalmente, en octubre del 2011, la entonces jueza Alba Kunzmann de Gauchat dispuso el sobreseimiento definitivo de Coito por los tres abusos sexuales simples.

La pareja que en 2010 denunció al sargento charló con este medio y revivió el calvario que atravesaron desde el momento en que su hija les contó lo que le hacía su vecino, pasando por el hostigamiento de la familia del acusado, la inacción judicial y el hasta el hecho de que el sujeto volvió a vivir en el mismo barrio.

“A nuestras hijas no les creyeron y el depravado siguió violando criaturas”, lamentaron respecto a las tres menores que eran amigas del hijo de Coito.

Y agregaron: “Entonces confiábamos, pero la justicia nos defraudó. Es una vergüenza lo que hicieron. Lo dejaron libre para que siga lastimando criaturas”.

Modus operandi

Tras conocerse la denuncia de su propia esposa, la pareja que lo había acusado en 2010 se contactó con ella para ponerse a disposición en lo que necesite y se ofrecieron para testificar en sede judicial.

Al respecto, mencionaron que “nos contó que las nenas le dijeron que el tipo aprovechaba cuando ella estaba trabajando. Las manoseaba y las obligaba a tocar sus partes íntimas, calcado con lo que hacía con nuestra hija y las otras nenas cuando iban a jugar con el hijo de él. Buscaba alguna excusa para quedarse solo con las nenas y ahí abusaba de ellas”.

Aseguraron que Coito se mostraba con un buen vecino y hasta les hacía regalos a las nenas.

“Como también es panadero, siempre hacía cosas dulces e invitaba a las familias. Después nos dimos cuenta que aprovechaba sus francos para hacer lo que hacía, mientras que todos trabajábamos”, agregaron. 

Fue así que un día, su hija les contó lo que pasaba en la casa del vecino. El mundo se les vino encima, pero sacaron fuerzas de donde no tenían y radicaron la denuncia.

Por supuestas razones de seguridad, el acusado permaneció alojado en la UP II, donde cumplió tareas de panadero y cocinero de sus colegas, siempre alejado de la población común, con los beneficios que ello implica.  

Al mismo tiempo, aseguraron que la familia del imputado los amenazaba constantemente. 

Pero lo peor fue que volvió a vivir al mismo barrio, a pocos metros de la casa de las víctimas. “Nos dijeron que fue sobreseído y tenía derecho de vivir donde quería”, recordaron.

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