Solicitaron juicio político por mal desempeño del juez de Familia de Oberá

Carlos Zarratea fue desalojado de su propiedad tras una denuncia por violencia. Hoy duerme en su camioneta. Aseguró que no le permitieron presentar ni una sola prueba. “La justicia tiene que ser pareja; si no, es una injusticia”, subrayó

“No me permitieron presentar ninguna de las pruebas que tengo, lo único que hicieron fue excluirme de la propiedad que construí con más de 40 años de trabajo. La justicia tiene que ser pareja; si no, es una injusticia. No es posible que el solo hecho de ser hombre, te convierta en culpable y te saque todos los derechos”, reflexionó Carlos Roque Zarratea (65).

El obereño, gendarme retirado y mecánico, está inmerso en una puja judicial con su ex pareja Carina W. (45), quien el 31 de diciembre pasado lo denunció por violencia.

Como suele ocurrir, con esa sola acusación, el Juzgado de Familia de Oberá, a cargo de José Gabriel Moreira, ordenó el inmediato desalojo del denunciado y la prohibición de acercamiento a 300 metros de la presunta víctima, que se quedó viviendo en la propiedad que habitaba con su ex.

La complicación inicial en este caso, radicó en que en el mismo inmueble de avenida Picada Vieja, en Oberá, se ubican la casa y el taller de Zarratea.

Por ello, el demandado tuvo que plantear la cuestión y logró que el juzgado le permita trabajar en el taller, en el horario de 7 a 19.

Después de ese horario, el hombre debe retirarse. En consecuencia, actualmente duerme en un colchón que tiene en su camioneta, mientras insiste en su inocencia y lucha por recuperar su propiedad.

En diálogo con este medio, comentó que tiene hijos adultos de una relación previa. Luego inició una relación con Carina W., quien “me hizo creer que su primera hija, hoy de 17 años, era mía. Le di el apellido y todo el amor de padre, pero hace unos años apareció una hermana y resulta que no es mi hija biológica. Ella misma me dice padrastro”.

“Me dejó en la calle”

Visiblemente conmovido por la situación que está pasando, mencionó que con la denunciante tuvo un hijo, actualmente de 9 años, el cual padece un grave cuadro de discapacidad.

“Tenemos mucha diferencia de edad y ella empezó otra relación. Está bien, es su derecho; pero de lo que no tiene derecho, es de mentir para quedarse con todo lo que construí antes de conocerla. Además, usa a mi nene como botín de guerra. Yo sufro muchísimo porque estamos a metros y no lo puedo ver, y sé que él me extraña un montón”, lamentó.

La exclusión de hogar también incluye a Lucas Zarratea (37), uno de los hijos mayores del demandado, el cual el 2010 fue atropellado por un colectivo y sufrió secuelas de por vida.

“Tuve fractura de cráneo en cuatro partes, lo que me ocasionó daño motriz permanente. Mi viejo siempre me dio una mano, ya sea con el tratamiento y después con el estudio, porque me especialicé en inyección electrónica y trabajo con él, en el taller”, comentó.

Aseguró que nunca observó que su progenitor maltrate a la denunciante ni a sus hijos, como cita la denuncia.

“Yo no voy a defender una cosa así. Pero nunca vi que los maltratara, como nunca nos maltrató a mis hermanos ni a mí. Incluso, mi mamá quiere declarar a favor de él, pero el juez no le permite”, reclamó.

En ese sentido, Carlos Zarratea cuestionó que el juzgado que dirige Moreira le habría rechazado todas las pruebas que intentó presentar.

“Tengo pruebas de las infidelidades de ella y de que construí todo esto antes de que venga a vivir acá. Ni siquiera pude presentar los planos ni vinieron a verificar que en el mismo terreno hay otras dos casas, donde tranquilamente podría vivir ella. Pero no. Se quedó con la casa más grande y me dejó sin nada, en la calle”, remarcó.

Fundamentos del pedido de juicio político

Mencionó que la audiencia del pasado 6 de marzo se redujo a la notificación de la exclusión de hogar de su hijo Lucas.

Al mismo tiempo, reclamó que “el Juzgado de Familia no da curso a ninguna de las pruebas que pedí ni al análisis de ADN para la hija mayor de mi ex, lo que demostraría que me engañó desde un inicio”.

Por lo que considera un mal accionar del juez, el 9 de marzo Zarratea solicitó la apertura de un juicio político por mal desempeño. La presentación se concretó ante Consejo de la Magistratura, en Posadas.

En el escrito, se solicita “la apertura de un proceso de investigación y eventual juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Dr. José Gabriel Moreira, juez a cargo del Juzgado de Familia N° 1 de Oberá”.

En la presentación, precisó que en la audiencia del 6 de marzo “no se permitió ejercer adecuadamente mi derecho de defensa ni se admitió la producción o verificación de pruebas relevantes, entre ellas la constatación de la existencia de dos viviendas de mi propiedad, de características similares”.

“La decisión adoptada por el magistrado tuvo consecuencias gravísimas, ya que dispuso mi exclusión de domicilio donde vivía, afectando también a mi hijo Lucas Zarratea, quien padece discapacidad, colocándonos a ambos en una situación de vulnerabilidad y desamparo”, agregó.

Asimismo, consideró que se violaron el “derecho a la vivienda, el derecho de defensa en juicio y la especial protección que debe brindarse a las personas con discapacidad”.

En el pedido de juicio político se remarcó que “los magistrados tienen el deber de garantizar la igualdad de las partes ante la ley”, pero en este caso el accionar judicial “afectó derechos fundamentales de las personas involucradas”.

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