La Policía identificó sólo a siete supuestos adoptantes de los perros de Guaraní
La investigación por la desaparición de 23 perros en la localidad de Guaraní, un caso que generó una fuerte repercusión mediática y cuestionamientos de organizaciones protectoras de animales, sumó nuevos elementos tras una serie de actuaciones ordenadas por la Justicia.
Según se informó, el pasado 28 de mayo la Policía recibió un oficio del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá solicitando que se investigara el paradero de los animales que habrían sido entregados en adopción, según la versión oficial.
A partir de esa disposición, efectivos de la comisaría de Guaraní y de la División Investigaciones de la Unidad Regional II iniciaron tareas de verificación tomando como base una lista de presuntos adoptantes proporcionada por el intendente Miguel Ángel Vargas ante la dependencia policial. Los canes desaparecieron el pasado 27 de marzo.
Las pesquisas incluyeron visitas a los domicilios consignados en la nómina, donde los investigadores entrevistaron a las personas señaladas como adoptantes. Durante esos procedimientos, los vecinos exhibieron los perros que afirmaron haber recibido en adopción, mientras que los uniformados realizaron registros fotográficos y recepcionaron declaraciones testimoniales.
Toda la documentación reunida fue incorporada al expediente judicial y remitida al magistrado interviniente para su evaluación.
Difícil localización
Asimismo, desde la Policía aclararon que ni personal de la comisaría de Guaraní ni de la División Investigaciones participaron del proceso de entrega de los animales ni estuvieron presentes durante los supuestos trámites de adopción. Según remarcaron, esas acciones habrían sido realizadas exclusivamente por personal municipal.
Asimismo, señalaron que las averiguaciones se desarrollaron únicamente sobre la base de la información suministrada por el Ejecutivo local. En ese marco, lograron entrevistar a siete personas identificadas como presuntos adoptantes, mientras que el resto de los nombres aportados resultó de difícil localización o correspondería a domicilios ubicados fuera de la zona de influencia de las dependencias actuantes.
Reconocieron que esta situación dificulta corroborar o descartar los cuestionamientos formulados por las organizaciones de protección animal, que desde el inicio del caso pusieron en duda la versión oficial sobre el destino de los canes.
.
.
