Caso Golemba: otorgaron prisión domiciliaria a los 17 policías imputados
La jueza federal María Verónica Skanata dispuso el arresto domiciliario para los 17 policías y ex policías imputados por el delito de desaparición forzada de Mario Fabián Golemba (27). A su vez, la fiscal Silvina Gutiérrez evalúa apelar la medida.
Los implicados accedieron al beneficio bajo caución juratoria y deberán acatar distintas medidas, como la prohibición de contacto entre los coimputados, con testigos y familiares de la víctima.
En el caso de los policías en actividad, tienen prohibido acercarse a la dependencia donde cumplían funciones.
También serán incluidos al Programa de Vigilancia Electrónica, con la consiguiente incorporación de un dispositivo de monitoreo electrónico, cuyo seguimiento estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata del comisario obereño Evaldo Katz (retirado); los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge; los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y el retirado Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Ofelia Gladys Ziller y los retirados Juan Ramón Ferreyra y Eduardo Pellizer.
El rol de Katz
Mario Golemba fue visto por última vez por su familia el 27 de marzo de 2008, cuando salió de su casa, en Picada Indumar, Dos de Mayo, para una consulta con una nutricionista en Oberá. Tenía 27 años, era de contextura delgada y quería ganar unos kilos. Entre sus planes estaba casarse.
Alrededor de las 10.30 fue atendido por la profesional. Después envió mensajes a sus padres y a su novia Angélica. A las 14.43 mandó el último texto, cuando avisó que llegaría de tardecita. Nunca más supieron nada de él.
En el medio se tejieron varias hipótesis, pero la familia siempre sospechó del accionar policial, sobre todo a partir del testimonio de dos hombres que declararon que la noche del 27 de marzo de 2008 vieron a Mario esposado en la comisaría de Dos de Mayo.
Luego de contar que vio al joven esposado en el pasillo que da a la celda de la comisaría, de donde lo sacaron cuando pidió ayuda para llamar a su familia, un testigo relató: “A las dos horas por ahí, ya estaba acostado y durmiendo, vino el jefe (Ewaldo) Katz abrió la puerta del calabozo y me llamó, me dijo vení. Me llevó a una pieza al lado de la guardia de la comisaría y me empezó a pegar”.
“Me dijo ‘vos tenés que contar de un caso de robo’ que supuestamente había pasado un tiempo antes, pero cuando pasó eso yo ya estaba detenido. Y me preguntaba si conocía el nombre del muchacho que estaba ahí, por Golemba. De ahí me llevaron a la pieza adonde está la radio de comunicaciones, que queda en la parte de atrás de la comisaría y cuando pasé yendo para allá le vi a Golemba que estaba boca abajo en el piso de una camioneta de la policía, de esas de las nuevas, esposado para atrás estaba. Y tenía tapada la cabeza con algo negro, no sé si una bolsa o qué. La camioneta estaba en el garage de la comisaría, también en la parte de atrás”, agregó.
La hipótesis de la fiscalía: violencia, clandestinidad y un «pacto de silencio»
De acuerdo con la investigación, los funcionarios policiales habrían utilizado la estructura funcional y operativa de la comisaría de la localidad de Dos de Mayo para concretar la detención ilegal de Golemba y someterlo a violencia física y hacerlo desaparecer. A la fecha, el joven continúa sin conocerse su paradero y tampoco han sido hallados sus restos.
Para la fiscalía, no se trató de hechos aislados, sino de la ejecución de un plan criminal común con distintos aportes funcionales.
La acusación sostiene, además, que desde el momento de la desaparición se habría desplegado un “pacto de silencio institucional” destinado a impedir que se conociera lo ocurrido.
Según la imputación, ese entramado se habría manifestado “mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.
La fiscalía también considera que, por tratarse la desaparición forzada de persona de un delito del carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita a quienes habrían intervenido directamente en la violencia ejercida contra Golemba. En ese sentido, alcanza también a quienes, según la imputación, habrían tomado conocimiento de su presencia clandestina y omitido deliberadamente denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.
Según la hipótesis fiscal, esos comportamientos “habrían contribuido a preservar el pacto de silencio, mantener oculta la suerte de Mario Fabián Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”.
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