Esta semana fueron detenidos 8 sospechosos de planificar un nuevo levantamiento policial, porque una cosa es un reclamo salarial genuino y otra conseguir las cosas por asalto. Pero no siempre el poder político va a fondo con policías implicados en delitos. ¿Qué pasó con el robo de cocaína de la Seccional Tercera de Oberá? ¿Qué pasó con Josías Galeano? ¿Qué pasó con Agustín Ramírez?
Por la magnitud, repercusión y heridas políticas que dejó, era cantado que el reclamo policial de mayo no quedaría en borrón y cuenta nueva. Más allá de la “amnistía” que firmaron las partes, el estado dispone de todas las herramientas para acomodar los tantos a su favor.
La paradoja del caso es que la policía es uno de los principales recursos de control social estatal, su brazo armado, de choque y auxiliar de la justicia… paradoja porque ahora la misma policía fue utilizada para descubrir un supuesto intento de sedición y conspiración por parte de otros policías. Es la acusación que investiga la justicia.
Primero detuvieron a un poli porque un camarada denunció que estaba instigando al levantamiento. Ahí le chuparon el celular y habrían descubierto un plan para un nuevo levantamiento policial que sería mucho más extremo que en mayo, ya que los implicados habrían hablado de quemar pastizales para atraer a los bomberos y quedarse con sus móviles.
Con el dato del celular cayeron en la volteada siete policías en actividad y el retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros del reclamo salarial.

Si fue así, que conspiraron para cometer un delito, que se los juzgue como a cualquiera. Porque una cosa es un reclamo salarial genuino y otra conseguir las cosas por asalto.
Los ocho policías fueron alojados en la cárcel de Cerro Azul, tal vez por razones de seguridad.
Con esto, claro, a la tropa no le quedaría mucho margen de maniobra para futuros reclamos, ya que el antecedente pesa.
Ayer, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez subrayó que “el uniforme no puede ser usado para delinquir, ni manchado”, y que el policía se debe al “cumplimiento irrestricto de las normas”.
¿Y los otros policías delincuentes?
Esto que dijo Pérez respecto al caso de los 8 detenidos por atentar contra el estado. En cambio, parece que la vara es otra cuando los policías cometen otro tipo de delitos, y en Oberá sobran los ejemplos.
¿Qué pasó con el robo de cocaína de la Seccional Tercera de Oberá? Cinco policías imputados, ninguno fue preso.
¿Qué pasó con Josías Galeano? Desde la desaparición del menor hasta el hallazgo de su cadáver y después su mamá denunció sospechas sobre el accionar policial. Tampoco hay policías presos.

¿Qué pasó con Agustín Ramírez? El muchacho fue perseguido un móvil policial (se sospecha que lo chocaron), despistó y quedó gravemente herido, pero los policías implicados se escaparon del lugar y lo abandonaron. Hoy Agustín afronta una incapacidad mental del 80%. Los tres policías de la patrulla caminan libres.

¿Y el reciente caso del sargento Alfredo Parra? Que manejaba borracho, chocó y lesionó gravemente a dos personas, se escapó de la escena y después quemó su camioneta para simular un robo. Ese sí que es un delincuente, pero pagó 5 millones de fianza y ya está libre.
¿Será que Cibercrimen peritó el celular de Parra para saber si otros policías que el día del hecho estuvieron con él trataron de encubrir su crimen?
¿Cibercrimen la puso la misma garra a estos casos que al de los 8 supuestos sediciosos?
Y la lista sigue porque hay muchos policías implicados en delitos, aunque como no atentaron contra el patrón parece que no pasa nada. Más bien, en ocasiones parece que los protegen.
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Daniel Villamea, periodista, hincha de River (no fanático), Maradoniano, adicto a Charly García, Borgiano y papá de Manuel y Santiago, mis socios en este proyecto independiente surgido de la pasión por contar historias y, si se puede, ayudar a otros.