Drogó y violó mujeres: siniestra historia de un depravado con antecedentes en Oberá y Córdoba

Silvio Salustiano Contreras fue condenado a 20 años de prisión en Córdoba. Drogó y violó mujeres. Años antes había sido detenido en Oberá por producción de pornografía. «Las víctimas terminaron con serias secuelas. Las manipulaba, las drogaba, las ataba. No dejaba que se fueran. Es un psicópata», graficó el abogado de las víctimas

En la madrugada del 8 de septiembre de 2013, un amplio operativo de Gendarmería Nacional llamó la atención de automovilistas y transeúntes que pasaron por avenida Sarmiento, entre Formosa y Chaco, en pleno centro de Oberá. En el lugar fue detenido Silvio Salustiano Contreras, quien se encontraba con dos jovencitas adolescentes.

En un primer momento la causa recayó en la Justicia Federal por el supuesto delito de trata de personas, por lo que permaneció tres meses privado de su libertad.

Pero en diciembre del mismo año, el expediente derivó a la Justicia de Instrucción Provincial y decantó en el delito de producción de imágenes pornográficas.

Según se estableció, en el mismo inmueble Contreras tenía un local de reparación de celulares y captaba a jóvenes vulnerables, primero con ofrecimiento de trabajo.

Luego, cuando se ganaba su confianza, les ofrecía dinero por grabarlas y le suministraba drogas.

En libertad, pero supeditado a la causa, el citado se mudó a Córdoba y volvió a reincidir, replicando y hasta perfeccionando el modus operandi que utilizó en Oberá.

El 18 de septiembre de 2019, Contreras -entonces de 67 años- fue condenado a 20 años de prisión por la Cámara 12ª del Crimen de la ciudad de Córdoba.

Fue hallado responsable por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal reiterado, continuado y calificado por el daño en la salud de la víctima, y agravado por el uso de estupefacientes”.

Se probó que engañó a las víctimas con ofertas laborales en el quiosco que tenía y que las drogó para someterlas.

“Es un psicópata”

Según la reconstrucción a partir de medios locales, el fiscal de Cámara Mariano Antuña había pedido la pena de 24 años de prisión al hallar responsable a Contreras de varios hechos de abuso en perjuicio de varias mujeres.

El quiosco funcionaba en Rondeau al 500, en el corazón de barrio Nueva Córdoba, y el imputado empleaba jóvenes procedentes del interior provincial o de otras provincias.

Según la fiscal instructora Ingrid Vago, cubrían el turno de madrugada y eran incitadas a consumir cocaína y LSD para luego abusarlas en un depósito detrás del comercio.

Dos de las jóvenes se constituyeron en querellantes particulares, representadas por el abogado Lucas de Olmos y la asesora Graciela Bassino.

En la causa se cita que todas las víctimas llegaron al local necesitadas de trabajo y atraídas por un letrero que decía: “Jovencita universitaria se busca para atender un quiosco”.

“Las chicas eran personas vulnerables. Eso buscaba esta persona. Podía engañarlas y terminar consumando los ataques, según la causa”, indicó el fiscal en el juicio.

Agregó que “las inducía a que tomaran cocaína y alcohol, y hasta LSD. Luego de viciarlas, abusaba de ellas. Podría decirse que había un consentimiento, pero ese consentimiento estaba dado por los efectos de las drogas y del alcohol que se les hacía consumir”, publicó oportunamente la Voz del Interior.

Por su parte, el querellante De Olmos opinó que Contreras “es un psicópata”.

“Las víctimas terminaron con serias secuelas. Las manipulaba, las drogaba, las ataba. No dejaba que se fueran. Es un psicópata. Las víctimas terminaron con serias secuelas”, subrayó.

La denuncia

Si bien fueron dos las jóvenes que se constituyeron como querellantes, en el local de Contreras se secuestraron 49 currículums.

Tanto la fiscalía como la querella destacaron que las pruebas y los testimonios fueron firmes y contundentes. Además, los peritajes psicológicos a las denunciantes determinaron que no son mitómanas y no fabulan.

El caso salió a la luz porque una de las víctimas decidió renunciar al trabajo en agosto de 2016 y volvió a la casa de sus padres. 

“Estaba muy afligida. Allí, se enteró de que otra piba del pueblo había empezado a trabajar en ese quiosco. Fue a hablar con los padres de ella y les contó todo”, explicó el abogado De Olmos.

Los padres de dicha joven viajaron a Córdoba y radicaron una denuncia por trata de personas en la Justicia federal, pero el juez Miguel Vaca Narvaja desestimó la trata y envió el caso al fuero Delitos Sexuales de la Justicia Provincial. El caso fue instruido y enviado a juicio por la fiscal Ingrid Vago.

“¿Por qué buscaba, con su cartel en el negocio, a chicas oriundas del interior? Porque quería que no tuvieran a su familia cerca, en Córdoba… así podía hacer lo que quería”, afirmó De Olmos en su momento.

El caso de Oberá

Silvio Salustiano Contreras tenía 61 años cuando fue detenido en Oberá, el 8 de septiembre de 2013, en el marco de una investigación que llevaron adelante la Justicia Federal, la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Misiones y el Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional.

“En el lugar hallaron fotografías de menores de edad desnudos, pornografía infantil, videos caseros y estimulantes sexuales, además de marihuana y elementos de informática, que fueron incorporados a la causa”, se informó entonces.

La requisa duró casi seis horas y desde la fuerza precisaron que los investigadores habrían llegado cuando el sindicado pretendía someter a dos chicas adolescentes, menores de edad, que presentaban signos de haber consumido alcohol y drogas.

En el marco de la investigación, la misma fuerza federal también había realizado el allanamiento a una remisería, ya que Contreras era propietario de un automóvil que trabajaba como remís.

Las chicas que lo frecuentaban eran, en su mayoría, menores de edad. El hombre las seducía mediante ofertas laborales y, una vez que aceptaban el supuesto empleo, las convencía de incursionar en el modelaje o la fotografía, lo que derivaba en producción de pornografía, carátula que finalmente le fue imputada.

El Código Penal contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años “al que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años”.

En ese marco, tras años de planteos de la defensa y sin cumplimiento de prisión efectiva, se instaló en Córdoba y no tardó en reincidir.

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